Santafé de Bogotá, 21 de octubre de 1998 LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS COLOMBIANAS expresamos ante la comunidad nacional e internacional nuestro enérgico repudio por el aleve asesinato del compañero JORGE LUIS ORTEGA GARCIA, Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores — CUT-, ocurrido en la ciudad de Santafé de Bogotá a las 7:15 p.m., del día de ayer, 20 de octubre de 1998. Este hecho se produjo cuando Jorge Ortega ingresaba al edificio de su residencia, y fue abordado por un individuo que le esperaba, quien le propinó 6 disparos que produjeron su muerte instantánea. Jorge Ortega hacía parte del Comando Nacional del Paro Estatal de los Trabajadores, jugando un activo papel desde su dirección; los miembros del Comando han recibido amenazas de muerte desde su iniciación; este execrable crimen es, por tanto, una clara retaliación ante la firmeza de las acciones de los trabajadores que en el país han reclamado legítimamente sus derechos, y ante cuyas posturas el gobierno ha respondido de manera intransigente y guerrerista. El paro, que tiene ya una duración de 15 días, sin que se haya propiciado algún tipo de solución por parte del Gobierno, ha sido reprimido arbitrariamente. Como resultado de este tratamiento militar han sido asesinados MARCO PEREZ, integrante de Sintraelecol Sincelejo, ORFA LIGIA MEJIA, Profesora de Nariño. Además en Barrancabermeja fueron objeto de atentados contra su vida BENITO RUEDA, VIRGILIO OCHOA y EUGENIANO SANCHEZ, miembros de Sintracuemponal. A su vez, numerosos trabajadores han sido atropellados, detenidos arbitrariamente, víctimas de desalojos violentos que han ocasionado graves lesiones personales. JORGE ORTEGA GARCIA, dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores colombianos. En su trayectoria fue dirigente destacado del Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico —SINTRAELECOL- y dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores desde la constitución de esta Central Obrera. A su vez, jugaba un papel activo y protagónico como representante de los trabajadores en la Asamblea Permanente por la Paz y lideraba el Departamento de Derechos Humanos de la CUT. Desde su papel de defensor de derechos humanos, participó como delegado de las Organizaciones sindicales y sociales al Comité De Evaluación De Riesgos del "Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Lideres Sociales del Ministerio del Interior y, en la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de los Trabajadores. En estos espacios demandó del Estado colombiano recurrentemente medidas de protección y garantías para centenares de trabajadores, y abogó por el esclarecimiento a los casos de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, atentados y amenazas sufridas por los sindicalistas colombianos. En las sesiones de estos Comités JORGE ORTEGA había señalado insistentemente los altos niveles de riesgo suyos, de DOMINGO TOVAR y otros miembros del Comité Ejecutivo de la CUT. En la sesión del Comité de Evaluación de Riesgos, realizada el 19 de octubre de 1998 en la ciudad de Bogotá, un día antes de su muerte, JORGE ORTEGA en presencia de delegados de los Ministerios del Interior y de Trabajo, La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, responsabilizó al Estado colombiano como único y exclusivo responsable de cualquier atentado contra su vida, dado que después de cinco meses de haber solicitado medidas de protección recurrentemente, no fue objeto de dotación de escoltas y un vehículo para su movilización, a pesar de los recientes hechos denunciados por la CUT. El 22 de septiembre de 1998 el compañero JORGE LUIS ORTEGA GARCIA fue víctima de un allanamiento ilegal a su apartamento. Varios hombres armados entraron a su morada, golpearon y amordazaron a su compañera y destruyeron enseres, registrando todo el inmueble. Este grave hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación en la misma fecha y esa misma noche el Presidente de la USO y el propio JORGE ORTEGA sostuvieron una reunión con el señor Viceministro del Interior Dr. Jorge Mario Eastman en demanda de protección para su vida. Existen otros antecedentes que ponen de presente la responsabilidad Estatal. JORGE LUIS ORTEGA GARCÍA fue detenido arbitrariamente por unidades militares en el mes de febrero de 1994, permaneciendo tres meses privado de la libertad por la Fiscalía Regional de Bogotá. Este proceso se inició con fundamento en informes de inteligencia militar de la Decimotercera Brigada del Ejército. Los constantes seguimientos, hostigamientos y amenazas contra su vida lo obligaron a salir del país en varias oportunidades. No obstante Jorge Ortega, siempre regresó al país a asumir con entereza su responsabilidad como dirigente sindical y de derechos humanos. Estos motivos llevan a las ONG de Derechos Humanos a no dudar en señalar al Estado colombiano, y a los gobiernos de los Presidentes Samper y Pastrana, como únicos responsables de este abominable crimen que hoy enluta a los trabajadores y al país entero.

Por lo anterior: MANIFESTAMOS Nuestra decidida solidaridad con las justas luchas por los derechos de los trabajadores que adelanta el Movimiento Sindical y expresamos nuestro profundo dolor e indignación por este nuevo crimen de Estado. La decisión de retirarnos, con las organizaciones sociales y sindicales, del Comité de Evaluación de Riesgos del Programa de Protección del Ministerio del Interior, pues consideramos que este nuevo crimen evidencia una vez más la ineficacia de este tipo de mecanismos, así como la ausencia de una voluntad política del Estado para proteger y prevenir nuevos atentados contra líderes sociales, sindicales y de derechos humanos. EXIGIMOS Se establezca la responsabilidad política de las autoridades que reiteradamente omitieron otorgar las medidas de protección acordadas con las Organizaciones Sindicales y de derechos humanos, posterior al asesinato del abogado defensor EDUARDO UMAÑA MENDOZA. Se establezca la responsabilidad penal y disciplinaria de quienes participaron en este crimen, por acción u omisión, a fin de que este atroz asesinato que enluta a la sociedad colombiana y al movimiento sindical internacional, no quede en la impunidad como tantos otros perpetrados contra defensores de derechos humanos y lideres sociales y sindicales. Se den muestras claras e inequívocas frente a las exigencias formuladas por las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos a nivel nacional e internacional, que trasciendan las declaraciones y se concreten en acciones prácticas para: a) El desmantelamiento y desestructuración de los grupos paramilitares; b) La superación la impunidad en que permanecen los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos; c) La separación del servicio activo a los miembros de la fuerza pública y otros organismos del Estado comprometidos en hechos violatorios de los derechos humanos; d) La revisión de las actividades de inteligencia llevadas a cabo por la fuerza pública y organismos de seguridad. Instamos a la Oficina permanente en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que de manera decidida de cabal cumplimiento a su mandato en el sentido de compelir al Estado colombiano a fin de que adopte mecanismos eficaces e inmediatos para prevenir nuevos atentados contra lideres sociales, sindicales y de derechos humanos; así mismo para que intervenga a fin de que este nuevo crimen no quede en la impunidad. Se respete la Libertad Sindical y el derecho a la Negociación Colectiva, consagrados en la Constitución Nacional, así como en los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT. En consecuencia sea revocado el Decreto mediante el cual se declaró la Ilegalidad del Paro Nacional Estatal y se abstengan de ejercer represalias en contra de quienes han hecho ejercicio legítimo de estos derechos. Que de manera pronta y urgente se haga presente en Colombia la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Se garantice el ejercicio de los derechos a la reunión y manifestación y se suspenda el tratamiento represivo de que ha sido objeto el Paro Nacional Estatal. En especial demandamos que por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales, como del Alcalde Mayor de Bogotá Enrique Peñaloza, sean levantadas las medidas de restricción a las movilizaciones programadas por los trabajadores. Demandamos del Presidente de la República Andrés Pastrana rectifique la actitud intransigente y represiva para con este legítimo movimiento, solucionando de manera inmediata el pliego de peticiones presentado por el Comando Nacional Unitario de los Trabajadores, garantizando el libre ejercicio de los derechos a la asociación, reunión y movilización. Igualmente se abstenga de adoptar nuevas medidas arbitrarias, entre ellas la declaratoria del estado de conmoción interior. Hacemos un llamado a la sociedad colombiana en su conjunto para que pública y masivamente exprese su repudio e indignación frente a esta política de exterminio de los sectores sociales comprometidos con la defensa de los derechos humanos y en particular ante este horrendo crimen. Además para que se sumen a las actividades y jornadas programadas por el Movimiento Sindical colombiano. Suscriben, Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos Comisión Colombiana de Juristas. Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz Humanidad Vigente Corporación Jurídica Asociación para la Promoción Social Alternativa —MINGA- Corporación SEMBRAR Comité de Solidaridad con los Presos Politicos Corporación Jurídica Libertad CODEHSEL Fundación Manuel Cepeda Vargas Familia Franciscana de Colombia Comisión de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación de la F.F.C. ILSA REINICIAR CREDHOS ANDAS Comité Regional de Derechos Humanos JOEL SIERRA Departamento de Derechos Humanos de la CUT BENPOSTA Comité Derechos Humanos del Nordeste Antioqueño Corporación Juan Bosco Comunidades Eclesiales de Base REDES Centro CLEBER CINEP

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